Julio Lamaña

  • Piratería y derechos del público

    El artículo primero y segundo de la Carta de Tabor[1], principal referente cineclubista para luchar por los derechos del público, dice así:

    1. Cada persona tiene derecho a recibir todas las informaciones y comunicaciones audiovisuales. Por eso debe tener los medios para expresarse y dar a conocer sus propios juicios y opiniones. No puede haber humanización sin verdadera comunicación.

    2. El derecho al arte, al enriquecimiento cultural, a la capacidad de comunicación, fuente de toda mutación cultural y social, es un derecho inalienable. Es la garantía de una verdadera comprensión entre los pueblos, la única vía para evitar las guerras

    Los cineclubs ponen delante de cualquiera de sus acciones el respeto al derecho del público al acceso a la obra cinematográfica. El conocimiento de esta es imprescindible para ejercer su juicio crítico. Este derecho inalienable está puesto en peligro por aquellos que criminalizan a los receptores de las obras y les acusan de “piratas”. No hay que olvidar que los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

    El desarrollo de los soportes digitales tanto en el ámbito musical, fotográfico o audiovisual ha supuesto una revolución en todo aquello que supone la producción de obras de arte y su recepción por parte del público. Vamos a dejar aquí a un lado todo lo referente al uso privado de la obra de arte y de las descargas y concentrarnos en aquello que para los cineclubs es básico: el disfrute en comunidad de la obra cinematográfica. Es por ello que no voy a incidir en el tema de las descargas para uso individual en el ámbito particular.

    La democratización que ha llegado al sector de la producción audiovisual todavía no se ha manifestado claramente en los ámbitos de la distribución y de la exhibición. No en vano es aquí donde se juegan las grandes ligas comerciales y donde hay más miedo por parte de majors, lobbys y multinacionales de perder parte del pastel. El legislador, los gobiernos y los partidos políticos tienen, de una vez por todas, que distinguir entre la difusión de la cultura y el hecho de lucrarse con el trabajo de otro sin que esta persona perciba los justos beneficios. Lo que es ilegal no son las proyecciones non theatricals, sino lucrarse con ello. ¿Cómo habrá que decirlo?

    Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. El modelo de negocio cinematográfico que se basó desde siempre en el control de las copias ya no puede aguantar más. Ante esta perspectiva la solución para las industrias culturales es buscar nuevos paradigmas de desarrollo económico que ya no se pueden basar más en los controles monopolísticos sobre la obra de arte.

    “Por otro lado la filosofía de la cultura libre, heredada del software libre, es la mayor demostración empírica de que una nueva ética y una nueva empresa son posibles. Ha demostrado que existe una nueva forma de producción que funciona, basada en habilidades e intercambios, donde el/la autor/a o productor/a no pierde el control de la producción y puede liberarse de los mediadores en la producción y en la distribución. Y lo ha hecho basándose en la iniciativa individual, en la solidaridad con otros, con mecanismos de intercambio de acuerdo a las posibilidades y habilidades de cada persona, democratizando el conocimiento, en la educación, por medio de una producción y una distribución justa de los beneficios de acuerdo al trabajo realizado”[2]

    El problema ha surgido en el momento en que el creador ha visto que existe una nueva forma de producción que funciona y donde no pierde el control de su obra, pudiéndose librar de los mediadores entre la obra y el público, mediadores que ejercen su papel de distribuidor no de una manera justa para con los autores. La sostenibilidad de los nuevos proyectos ha de dirigirse a la combinación de varias vías de financiación y de recuperación económica que garantice al autor una mayor independencia en sus proyectos.

    Cineclubs, principales agentes antipiratería

    El artículo quinto de la Carta de Tabor dice:

    5. Los espectadores tienen el derecho de organizarse de manera autónoma para la defensa de sus intereses. Con el fin de alcanzar estos objetivos, y de sensibilizar al mayor número de personas hacia las nuevas formas de expresión audiovisual, las asociaciones de espectadores deben poder disponer de estructuras y de medios puestos a su disposición por los entes públicos.

    Los cineclubs como forma de organización del público tienen mucho que decir al respecto del acceso de este a la obra cinematográfica. Cuando este acceso está restringido, los cineclubs deben velar para que la obra cinematográfica llegue a su destinatario natural, el público. Esto le califica para conseguir copias allá donde el mercado no le facilita la tarea. No puede ser acusado de pirata cuando simplemente está realizando una labor que ni las empresas, ni las instituciones le han facilitado. Pero un cineclub debe plantearse también que el pago sobre los derechos es indispensable para sostener a una industria cultural nacional que necesita de esas nuevas pantallas para mantener en marcha el sector. Es aquí donde las legislaciones pueden actuar. Como por ejemplo, beneficios económicos para la proyección de cine nacional, ayudas que podrían recibir directamente las productoras en base al público que asistió a las funciones de los cineclubs, o todas aquellas encaminadas a que autor y público puedan mantener las relaciones que los sistemas actuales de distribución y exhibición no permiten.

    En este punto merece principal atención un comentario hacia las entidades de gestión de derechos de autor, organismos obsoletos que benefician de un trato preferente en las legislaciones de los diferentes países y donde no se garantizan los intereses económicos de las comunidades creativas. La privacidad de las listas de sus autores, la poca transparencia de su gestión, la no diferenciación por su parte entre proyecciones en autocares, trenes, hoteles y cineclubs o proyecciones no comerciales, hacen de estos entes un modelo que hay que revocar para empezar a crear otros modelos de gestión de derechos autorales. Se tendría que avanzar en una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras. Las entidades de gestión recaudan de forma arbitraria grandes cantidades de dinero que no invierten en la creación sino que sirven justamente a crear este mensaje distorsionado que engaña hasta a sus propios socios. Distorsionan la información a su favor hasta atacar la base de los textos constitucionales para mantener su monopolio. Impiden que la profesión artística desarrolle posibilidades fuera de su control, frenando el avance tecnológico (prohíben en sus estatutos las licencias libres y, de hecho, el uso de Internet). Se benefician del enfrentamiento entre artistas y ciudadanos cuando artistas y ciudadanos quieren lo mismo: el bien de los creadores, de todos los creadores y no solo de una ínfima parte de los socios de las entidades de gestión (el 10% de sus socios, más o menos). Hay que desmantelar la estructura actual de las entidades de gestión para crear un sistema justo de reparto de derechos de autor[3].

    Los cineclubs pueden ser y de hecho ya lo son, el espacio natural para las obras cinematográficas atrevidas, de autor, periféricas,… Su objetivo no comercial debería ser reconocido en las diferentes legislaciones nacionales y promover el derecho del público al acceso a la obra cinematográfica. Mientras los paradigmas de la distribución no cambien, deberían tener ventajas económicas que les permitieran el desarrollo de su actividad. Los cineclubs pueden jugar un gran papel en los nuevos modelos de exhibición futuros.

    * Julio Lamaña
    juliolamana@federaciocatalanacineclubs.cat


    [1] http://mundokino.net/node/327

    [2] Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento: Los Derechos Humanos de ciudadanos y artistas en la era digital. http://www.co-ment.net/text/1984/

    [3] El 29 de octubre pasado se reunieron en el Foro de Cultura Libre más de 100 “especialistas”, juristas, artistas, ciudadanos y organizaciones de gran relieve, además de dos Comisiones de la Comunidad Europea. Los participantes han acordado la Carta por la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento“, una Carta que contiene demandas legales claras para el respeto de los derechos de ciudadanos y artistas y el desarrollo de una era digital prospera y beneficiosa para todos. Esta Carta ha llegado ya a todos los ministerios.

    Podéis verla y comentarla aquí: http://www.co-ment.net/text/1984/

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